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¿Cobraremos la pensión?

Por   /   14 marzo, 2017  /   Sin Comentarios

Portada de ¿Cobraremos la pensión?Autores: Santos M. Ruesga Benito, Borja Suárez Corujo y Valeriano Gómez-Sánchez (Coordinadores).
Editorial: Ediciones Pirámide (Colección “Empresa y Gestión”) 2017.

 

La pregunta del millón, sin duda: ¿Cobraremos la pensión cuando nos jubilemos? Y si al final la recibimos, también cabe cuestionarse además ¿Qué pensión cobraremos?

Es un tema recurrente desde hace decenios en muchas de las economías de todo el mundo pero que se ha visto agravado con la crisis que comenzara en 2008 y que, en lo que a nosotros en particular afecta, resulta especialmente preocupante dadas las peculiares características de la economía española y sus dificultades para poder hacer frente a ello tanto a corto como a largo plazo. Algo que no afecta solo a los jubilados, sino a toda la población adulta.

En esta realidad, organizadas por las fundaciones Juan de los Toyos y Francisco Largo Caballero y bajo el patrocinio del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, en abril del año pasado tenían lugar unas jornadas sobre el presente y futuro de las pensiones públicas en España, siempre con referencia al contexto europeo y revisando las propuestas en circulación para el País Vasco. Y tras lo allí expuesto, y contando además con expertos en la materia y que fueron ponentes de las mismas, se ha elaborado ahora este libro que busca aportar reflexiones e ideas que iluminen la posibilidad de sostener el sistema público de pensiones en nuestro país, aunque también se extienden algunas al caso general de Europa (el envejecimiento de su población agrava especialmente el problema) e incluso al muy específico del País Vasco.

De esta manera, la obra analiza los comportamientos del sistema actual y las reformas implantadas en los últimos años, pero a la vez ofrece propuestas de cambios y modificación de los mecanismos vigentes bajo determinados supuestos. Una buena base para que el lector preocupado por el presente y de modo particular por el futuro de las pensiones públicas encuentre reflexiones de utilidad para fijar su posición ante las diferentes opciones existentes que pretenden configurar el modelo de pensiones para los próximos años.

En cualquier caso, el texto avisa de que las reformas llevadas a cabo y las que estén por venir no son neutrales frente al funcionamiento del sistema económico en su conjunto. Y por lo tanto, optar por uno u otro modelo de sistema de pensiones, o por uno u otro mecanismo para su financiación, puede afectar al comportamiento de los agentes económicos, en su vertiente de consumidores, ahorradores o inversores y, por extensión, a la dinámica del sistema económico. Por ello, lo que se haga en materia de reforma de los sistemas de pensiones no es, en absoluto, ajeno a los discursos alternativos que se ofrecen en el panorama europeo en el campo de la política económica, donde está en juego una parte importante del reparto de la tarta de la generación de valor añadido del país.

El inicio del volumen se concreta con una aportación de Raúl Arza, presidente de la Fundación Juan de Los Toyos, quien reflexiona sobre lo que a su juicio es lo primero en el orden de prioridades políticas inmediatas: las pensiones. Entre tanto, en el capítulo primero, la académica e investigadora del CSIC María Ángeles Durán expone las enormes diferencias de género al hablar de pensiones, pues mientras los hombres reciben pensiones contributivas superiores al salario mínimo, las mujeres perciben pensiones mucho menores; unas diferencias que son mayores todavía en las en las zonas más industrializadas.

En el segundo, el economista y ex ministro de Trabajo e Inmigración Valeriano Gómez realiza un repaso histórico de los principales hitos del sistema de pensiones públicas en España, a la vez que advierte que el gasto social en España muestra un retraso de más de un tercio de siglo respecto a los patrones más avanzados del entorno europeo. Un análisis que profundiza de manera especial en las implicaciones de los factores demográficos y de las perspectivas a largo plazo para explicar las razones del origen de las reformas implantadas a partir de 1985.

El tercer capítulo, texto del catedrático de Economía de la Universidad del país Vasco Ignacio Zubiri, realiza un detallado examen de las características del sistema español de pensiones públicas, por lo que se revisan los problemas de dicho sistema, las reformas realizadas últimamente y sus implicaciones, si bien se constata que estas reformas se han limitado siempre a reducir la cuantía a las pensiones públicas (en 2017 la acumulación supondrá ya el -6%), pese a lo cual no se han conseguido resolver los problemas financieros del corto plazo y ha sido preciso echar mano del fondo de reserva (a largo plazo, la reducción de la cuantía puede llegar a suponer el -35% y el valor de las pensiones de un jubilado disminuirá conforme vaya envejeciendo).

En el capítulo cuarto, el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Madrid Borja Suárez incide en las dos grandes reformas realizados en los últimos años para garantizar la sostenibilidad del sistema: la de 2011 (apuesta por una revisión al alza de la edad de jubilación y extensión de período de cotización para tener derecho a pensión plena) y la de 2013, que introduce cambios de envergadura como la sustitución del mecanismo de revalorización de las pensiones y un novedoso factor de sostenibilidad.

En el capítulo quinto, José Antonio Panizo Robles, administrador civil del Estado, hace referencia al pacto político de 1995 y que fue reeditado posteriormente tanto en 2003 como en 2011. Un pacto determinante que se acompañó de medidas a acometer para dotar al sistema de mayor sostenibilidad y que se fueron adoptando durante más de 15 años con amplio respaldo político y social. La crisis evidenció la necesidad de acelerar la puesta en práctica de determinadas medidas ya establecidas en la Ley 27/2011, pero en 2013 se impulsó otra reforma unilateral que, agravada por las consecuencias de determinadas políticas, ha abocado al sistema público de pensiones, según él, a un panorama que obliga a un replanteamiento del sistema, en especial lo que afecta a los ingresos con que hacer frente a sus obligaciones.

En el capítulo seis, Zubiri avisa que, como resultado de todo lo anterior, el sistema español de pensiones está en una encrucijada. Y frente a ello, pone de manifiesto que se debe optar por un modelo actuarial (que los ingresos determinen las pensiones), lo que implica pensiones más bajas, o bien por un modelo social (las pensiones que se desean deben determinar los ingresos), lo que requiere recursos adicionales que, en función e cuanto empleo se cree, pueden ser sustanciales. Para él, el modelo social es la opción más justa, porque los trabajadores tienen derecho a cobrar pensiones similares a las que están pagando con sus cotizaciones y es un modelo sostenible, y propone que los recursos adicionales provengan de un impuesto nuevo sobre rentas no salariales, sino de los ingresos generales del Estado y, moderadamente, de cotizaciones sociales.

El séptimo capítulo lo dedica el colaborador del Instituto Marx Plank de Alemania Fidel Ferreras a analiza el contexto europeo en el mundo de las pensiones públicas, mientras que en el octavo Santos Miguel Ruesga, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, se plantea los escenarios de futuro a que se enfrenta el sistema público de pensiones español a la luz de la evolución de las principales variables económicas y demográficas. En esa dinámica, se analiza particularmente la situación y evolución futura de los factores fundamentales que afectan a la evolución del equilibro financiero en un sistema contributivo como el español, es decir, demográficos, económicos y laborales, y extrae una serie de conclusiones sobre las expectativas que se pueden generar.

Por último, en el noveno capítulo, Octavio Granado Martínez, que fue secretario de Estado de Seguridad Social, se pregunta sobre la viabilidad y conveniencia de un sistema propio de protección social en el País Vasco. Y advierte que esto tendría carencias constitucionales, a la vez que una economía de escala mucho más reducida que pondría en peligro tanto su capacidad funcional como la solidaridad interna del sistema de todo el Estado, que es la que permite que tanto los pensionistas como el conjunto de los ciudadanos vascos se beneficien hoy de las aportaciones generadas por el conjunto de todo el Estado español.

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