Frente al 49% de la media en el mundo, nada menos que el 54% de las compañías que operan en España ha sido víctima de algún delito económico en los últimos dos años, lo que nos coloca en línea, aunque siempre por encima, con los principales países de nuestro entorno, como Reino Unido (50%), Alemania (50%) y Estados Unidos (53%). De esta manera, apenas desciende un punto porcentual el número de empresas españolas perjudicadas en este sentido respecto a dos años antes (sube nada menos que 13 puntos a nivel mundial), tal y como refleja la “Encuesta Mundial sobre fraude y delito económico 2018”, realizada por la firma de servicios profesionales PwC tras consultar a más de 7.200 altos ejecutivos empresariales en 123 países.
La investigación, que revela que desde 2009 el porcentaje de empresas españolas afectadas por fraudes y delitos económicos ha crecido 19 puntos (han pasado del 35% al 54% las atacadas así), pone de manifiesto que la apropiación indebida de activos 
es el principal tipo de delito del que son víctimas las empresas de nuestro país, seguido de la corrupción y el soborno, la manipulación contable y el ciberfraude.
Por todo ello, el 32% de los encuestados aquí asegura haber tenido pérdidas de entre 100.000 y un millón de dólares como consecuencia del delito más grave experimentado en los últimos dos años, en tanto que otro 34% eleva estas pérdidas por encima del millón dólares. No obstante, hay que tener en cuenta que, además, están los costes indirectos (abogados, investigaciones internas, externas, etc.), cuya cuantía, aunque inferior, es bastante significativa, y añadir también desde luego los daños que afectan a otros aspectos de las compañías como la reputación o la percepción de los empleados.
En concreto, los ámbitos de la organización en los que más impacta el delito económico son, según las empresas españolas, en la percepción de los empleados (un 48% señala que es alto o medio en este sentido en su organización), en las relaciones empresariales (38% confirma un impacto alto o medio), en la reputación y fortaleza de la marca (para el 36% el efecto negativo es alto o medio), en las relaciones con los reguladores (para un 30% hay en ello un impacto alto o medio) e incluso en el precio de la acción (el 16% está seguro de un alto o medio impacto negativo).
Eso sí, el 50% de los fraudes que se producen son cometidos por alguna persona de dentro de la organización, mientras que un 33% vienen de fuera de la compañía. Y al respecto, en cuanto a la autoría de los fraudes internos, la práctica totalidad están realizados por miembros del equipo directivo y cargos intermedios, en tanto que en el caso de los delitos externos los protagonistas de los delitos se reparten, según los profesionales consultados, entre los proveedores (culpables para un 42%), consumidores/clientes (50%), hackers (25%), intermediarios (25%) y competidores (8%).
La “Encuesta Mundial sobre fraude y delito económico 2018” destaca en cualquier caso que en los últimos dos años el 69% de las compañías españolas (solo el 42% de las de todo el mundo) han incrementado su presupuesto destinado a luchar contra el delito económico y además un 58% tiene previsto seguir haciéndolo también durante los próximos dos años. Asimismo, el 75% de las organizaciones afirma disponer de un programa formal de ética empresarial y cumplimiento normativo, frente al 52% que en la encuesta de 2016 declararon tener implantado el correspondiente programa. No obstante, y a pesar de este aumento de la inversión, la realidad es que muchas compañías carecen todavía de una estrategia de prevención y detección del delito económico. En España, por ejemplo, una de cada diez empresas reconoce que, en los últimos dos años, no ha realizado ningún tipo de revisión ni de evaluación de su exposición al riesgo de comisión de delitos económicos.
En relación a esto último el estudio dedica también un capítulo al análisis de las principales fórmulas de detección utilizadas por las empresas, destacando en esa línea en las empresas españolas los procedimientos estándar de auditoría interna (apuntados por un 17% de nuestros encuestados) y el análisis detallado de datos (“big data”), señalado por otro 17%. Tras ellos, también un 14% de los profesionales consultados se refieren al establecimiento de un canal de denuncias, en tanto que un 11% confía como método más utilizado en el análisis de transacciones sospechosas, mientras que otro porcentaje similar valora sobre todo la denuncia interna informal e igualmente otro 11% la denuncia externa informal. En menor media también se emplea en un 8% de las organizaciones principalmente la gestión del riesgo de fraude, en tanto que el apoyo en la seguridad corporativa, la rotación de personal, la derivación de procedimientos judiciales y la derivación de una investigación de la prensa resultan de la misma forma métodos utilizados cada uno de ellos por un 3% de las organizaciones.
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