El mercado de deuda soberana y el papel de la banca privada

Por Rafael Gallardo, Consultor Senior de Siag Consulting, firma especializada en servicios de consultoría financiera yd e tecnologáis de la información.

Con la llegada de la restricción crediticia, se vienen escuchando un sinfín de soflamas que han calado socialmente en la ciudadanía como el de:  «Vayamos contra el negocio bancario, que se está haciendo con la deuda soberana«.

Ese negocio es, en realidad, el mismo negocio que hace la banca con el resto de agentes. Lo que ocurre es que, en épocas de expansión del crédito, se da como algo establecido en la propia actividad económica, e incluso como beneficioso, si ese negocio consiste en mantener posiciones largas sobre el precio de algunos activos y Letras del Tesoro. Y sólo saltan las alarmas en el momento en que este negocio bancario tiene márgenes tan dispares dependiendo de la nación deudora a la que se le preste, y más si se tratan de socios de una misma unión monetaria.

A principios de año, el Banco Central Europeo, ante el contexto de insolvencia del sistema financiero, completó una serie de operaciones de refinanciación a largo plazo para la banca, llamadas “LTRO”, que obtuvo a crédito un billón de euros a devolver a 3 años de plazo con intereses del 1%.

Muchos analistas perciben esta operación como la de un rescate encubierto a países, frente a la imposibilidad que tiene el BCE, a diferencia de otros, de adquirir directamente deuda soberana. A partir de ahí, una vez que el BCE libera oferta monetaria a crédito, es el propio sistema bancario, que funciona como correa de transmisión del motor económico, quien selecciona los agentes a los que prestar esa cuantía, la asignación de capital y el riesgo-retorno que exige a cada cual. De esta forma, se va configurando un precio por cada subasta de deuda en función de los fundamentales y calidad crediticia del deudor que solicita el préstamo.

Parece obvio que, en un contexto de mercado, el precio o tipo de interés aplicable a un deudor con 77% de deuda sobre PIB, como es Alemania, no puede ser el mismo sobre otro que ronde el 180%, como es Grecia. Parece también obvio que la probabilidad de repago sobre la deuda que se presta a un agente con un superávit del 0,5%, como Finlandia, no debe ser el mismo que sobre otro que mantiene un déficit del 7%, como España, que, de hecho, siguiendo la misma evolución, en el 2017 ya superaría el 110% de deuda sobre el PIB. Aun así, el mercado de deuda y rating soberano hace más hincapié no tanto en magnitudes en función al PIB, sino más en el diferencial ingresos y gastos, así como en la velocidad a la que crece esa deuda. Si ponemos de manifiesto la relación deuda pública con los ingresos fiscales para generarlos, sería de 198% de , frente al 182% de Alemania, con mayor margen este último país de subidas impositivas. Y todavía más: si unimos partidas como pagos pendientes a proveedores, déficit de tarifa eléctrica o deuda de empresas públicas, España llegaría a un montante de 220% de ingresos fiscales sobre todo su volumen de deuda.

Y eso es finalmente lo que hace la industria bancaria: captar ahorro de ciudadanos y familias que renuncian a consumo presente a cambio de un mayor consumo futuro; y por otro lado, canalizar este ahorro hacia agentes en búsqueda de recursos sobre los que apalancarse para emprender un negocio o  aumentar su consumo.

Pretender que un agente, en este caso el Estado, que aglutina un tercio de toda la deuda nacional, se autoproclame el derecho a tener que financiarse al 0% a costa del ahorro de la otra parte supone un exceso sobre las competencias de los propios estados. Competencias que se limitaron con la unión monetaria y que, de rebasarse hoy, supondría la ruptura con el espíritu de la misma.

En el telón de fondo no deja de ponerse en juego el ahorro de millones de familias y empresas. Familias que, por otra parte, no solo ven minorados sus ahorros vía presión fiscal, sino también vía inflación. A ojos vista, nos enfrentamos a la época más larga de tipos de interés bajos, rayando el 1%, generándose contextos tan perversos como el mínimo diferencial histórico entre el bono «libre de riesgo» y el bono basura.

La única forma, por tanto, de que el beneficio que obtiene la banca privada y los millones de ahorradores por prestar dinero a deudores con riesgo de quiebra se reduzca debe pasar inexorablemente porque éstos, entre ellos España, se sigan esforzando por mejorar su credibilidad crediticia y su solvencia.

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