Los impagos que sufren las compañías europeas generan unas pérdidas equivalentes al 2,7% de sus beneficios, según detalla el “Informe Europeo de Pagos por Sectores 2016”, elaborado por la multinacional sueca de gestión de crédito Intrum Justitia sobre datos de Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, y de un total de 9.440 empresas en 29 países europeos.
En cualquier caso, lo cierto es que los impagos afectan de una manera desigual a los distintos sectores de actividad, siendo la minería (4,5%), los servicios financieros (3,9%), el transporte y el almacenamiento (3,2%) y la electricidad, gas y agua (3,1%) los que más padecen estas pérdidas. Por su parte, el sector inmobiliario (1,6%) y la industria manufacturera (1,7%) son los ámbitos que registran un menor porcentaje de pérdidas. Entre ambos quedan el ocio y la restauración (1,8%),
el comercio, tanto al por mayor como al por menor (2,2%), el sector público, sanitario y educativo (2,6%), los servicios profesionales y empresariales (2,7%), la construcción (2,7%), la agricultura y pesca (2,8%) y la información y la comunicación (2,9%).
De esta manera, el informe establece también una relación directa entre morosidad y generación de empleo, pues el 35% de las compañías preguntadas dicen que contratarían más empleados si cobrasen a tiempo. Un porcentaje que asciende al 49% en el ámbito de la minería, y al 45% en el de la construcción, sector clave en muchas de las economías europeas.
Pero además de esta consecuencia, los retrasos en los pagos conllevan asimismo otras también graves, como la restricción de la liquidez (señalada por el 46% de las compañías), la pérdida de beneficio (43%), el coste adicional que suponen los intereses (42%) y el freno a su crecimiento (40%). En este sentido, el sector de la construcción es el que sufre mayores limitaciones y, de hecho, casi un 46% de sus empresas (33% a nivel intersectorial) ve amenazada su supervivencia debido a la demora en los cobros.
Entre las causas de los retrasos en los pagos, un 72% de las empresas de Europa considera que están motivadas sobre todo por las dificultades financieras de los clientes/deudores, en tanto que el 63% también señala al retraso intencionado del pago y, en menor medida, asimismo se reseñan ineficiencias en las área administrativas de los clientes e incluso problemas con el producto o servicios.
En cuanto al caso particular de España, el documento de Intrum Justitia destaca sobre todo que el 90% de las compañías del ámbito manufacturero y el 81% de las del entorno comercial hayan sido presionadas para ampliar sus plazos de cobro. Mientras, el sector de los servicios profesionales y empresariales apunta de especial manera como consecuencias derivadas de los impagos las pérdidas de ingresos (69%) y de liquidez (75%). En ambos casos, un dato llamativo si se correlaciona con las medias europeas (43% y 46%, respectivamente).
Imagen cortesía de David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net









Print
Email

