Por Helena Herrero, Presidenta para España y Portugal de HP, Multinacional tecnológica.
En el contexto de la nueva ley de contratos del sector público, está en fase de elaboración otro importante documento que añade criterios valorativos en los contratos públicos más allá del precio: el Plan de Contratación Pública Ecológica. Un plan que busca que las administraciones compren bienes y servicios que presenten un impacto ambiental reducido a lo largo de su ciclo de vida, lo que implica mirar más allá de las necesidades a corto plazo y considerar el impacto de cada compra a largo plazo, tanto para la propia organización como para la economía, el medioambiente y la sociedad en general.
Si bien se trata de un instrumento voluntario, la contratación pública ecológica es una herramienta muy poderosa para el futuro de la economía sostenible por su impacto y efecto ejemplarizante. En España, según datos de la CNMC, la contratación pública supone aproximadamente un 20% del PIB, lo que equivale a unos 200.000 millones de euros anuales. Y así, la contratación pública sostenible puede estimular tanto la demanda de bienes y servicios más sostenibles como la eco-innovación en el desarrollo de nuevos productos. Además, existe aún un margen considerable para que las adquisiciones públicas sostenibles logren una buena relación coste-eficacia.
El desafío político actual reside en cómo asegurar que el efecto de la contratación pública ecológica sea sistemático, estratégico y profesionalizado en toda la Unión Europea. Sin embargo, hasta ahora, el potencial de la compra pública ecológica no se ha aprovechado en todo su potencial debido a barreras como las consideraciones de costes a corto plazo, la falta de criterios ambientales establecidos, la limitación en la información y capacitación, y una cooperación en ocasiones no del todo fluida entre distintas administraciones en materia de contratación pública.
En este contexto, unos criterios de compra pública sostenible diseñados adecuadamente, de carácter objetivo y basados en datos científicos pueden ayudar a los compradores públicos a tomar decisiones informadas y a elegir los mejores productos. Dichos criterios garantizarían que todos los productos cumplan con las normas mínimas ambientales, de salud y seguridad. 
Y, al mismo tiempo, se contribuiría a una “economía circular” en la que se incremente la eficiencia de los recursos y se proporcione el mejor valor para el dinero de los contribuyentes, al tener en cuenta el coste total de propiedad de los productos y no solo el coste de adquisición inicial. También serviría para alentar a la industria a innovar y adoptar compromisos a largo plazo que reduzcan la huella ambiental de los productos y contribuyan a lograr que los lugares de trabajo sean más saludables.
Para ello, y teniendo en cuenta la gran variedad de productos y servicios adquiridos por las distintas administraciones, el diálogo público-privado es fundamental. Eso sí, debe tratarse siempre de un diálogo basado en datos objetivos, alejado de dogmas, que nos acerque (en lugar de alejarnos) de los objetivos perseguidos por la “economía circular”.
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