La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado el “Observatorio de Deuda”, un estudio que analizará trimestralmente los principales indicadores y escenarios de sostenibilidad financiera para las distintas Administraciones Públicas (AAPP).
La iniciativa, que además de recopilar los principales indicadores de deuda, también añadirá cada trimestre una simulación de escenarios futuros sujetos a diversos supuestos macro y fiscales, 
introduce además en este análisis un elemento comparativo entre los distintos territorios, que se centra en los días de trabajo necesarios por cada habitante de la comunidad para poder hacer frente al pago de la deuda de su región.
En cualquier caso, la investigación distingue también entre la deuda propia de cada comunidad, por un lado, y la asignación territorial de la deuda común (mayoritariamente correspondiente a la Administración Central y los fondos de la Seguridad Social) en base a la población relativa, por otro. A ello se añade la suma de ambas partidas (deuda autonómica y común), de forma que se compara entre los días de trabajo necesarios por habitante de cada comunidad para hacer frente a la deuda total.
En esa dinámica se detecta en concreto que en comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana (154 días), Islas Baleares (112), Murcia (106) y Castilla-La Mancha(132) se necesitan más de 100 días de trabajo por persona para hacer frente al total de la deuda propia, en tanto que el País Vasco y Madrid apenas precisan 53 días.
No obstante, si además de la deuda propia se incluye la deuda común, el mayor problema lo tienen Extremadura y Castilla-La Mancha, pues sus habitantes deberían trabajar, respectivamente, 484 y 483 días para la devolución de su deuda total. También requerían mucho trabajo en la Comunidad Valenciana (464 días), Andalucía (456) y Murcia (445). Por el contrario, lo más aliviados son los residentes en Madrid (únicamente 256 días), País Vasco (264), Navarra (292) y La Rioja (316).
El Observatorio también examina en su primera edición la deuda respecto al PIB de en las distintas administraciones públicas, concluyendo al respecto que la misma presenta un perfil sostenible o decreciente, en especial a partir de 2018, de acuerdo a las proyecciones asociadas a un escenario neutral. Eso sí, el ritmo de la caída supondría alcanzar el límite del 60% del PIB en 2036, muy lejos del año 2020, tal y como requiere la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Estabilidad.
En concreto, tras someter los datos a distintos escenarios, el estudio avanza que, aunque el conjunto de las AAPP no alcanzaría el límite de deuda del 60% del PIB hasta el año 2036 (100,5% en junio de este 2016), la situación para los distintos subsectores es muy heterogénea. Así, la Administración Central y los fondos de la Seguridad Social, al igual que el conjunto de las comunidades autónomas, alcanzarían el valor de referencia del 44% y 13% del PIB, respectivamente, alrededor del año 2036 (si bien comunidades como Castilla La-Mancha, Cataluña, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, se irían más allá del 2040). Sin embargo, las corporaciones locales se encuentran en la situación más ventajosa y podrían llegar a la referencia del 3% del PIB este mismo año 2016.
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