La aplicación de sistemas seguros de verificación y seguimiento de productos afectados por el comercio ilícito conllevaría la reducción del mismo y un aumento de la recaudación fiscal del orden del 30%. Solo en el sector del tabaco representaría cerca de 400 millones de euros de aumento de ingresos por parte de la administración tributaria cada año.
Esta es al menos una de las principales conclusiones del “Informe sobre el Comercio Ilícito, estrategias y propuestas de soluciones”, promovido por Thinkcom, Instituto de Estudios Estratégicos, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.
Según Andrés Fernández Díaz, autor del estudio y catedrático de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la citada Universidad, además de consejero emérito del Tribunal de Cuentas, ante el fuerte crecimiento del comercio ilícito, que afecta a sectores básicos (medicamentos, textil, alimentación, tabaco, etc.), de elevada ponderación en la variable de consumo del cuadro macroeconómico y de importancia fundamental para el crecimiento del PIB, se hace necesario someterlos a un seguimiento y control exhaustivos que garantice la calidad y la autenticidad de los productos, y evite el tráfico ilegal. Además, complementariamente a las medidas legales, fiscales, policiales y de concienciación social, los sistemas de control y seguimiento por parte del Estado sólo pueden llevarse a cabo de forma eficaz si se utilizan técnicas y métodos rigurosos y modernos. Según él, la aplicación de sistemas de trazabilidad seguros y fiables aplicados con éxito en otros países, como Brasil, Estados Unidos, Turquía, Argentina, o India, deben ser el modelo a implantar para reducir de forma importante el tráfico ilícito.
En ese sentido, Fernández Díaz considera imprescindible la aplicación de sistemas de verificación y seguimiento más evolucionados, que denomina de trazabilidad fiscal securizada, que reúnen todas las características necesarias para reducir los índices de comercio ilícito, liberando además recursos humanos que podrían ir a reforzar la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria con la creación de una “Unidad de Vigilancia Especial” que vele por la correcta puesta en práctica de los sistemas de trazabilidad según lo estipulado en las regulaciones comunitarias y nacionales y que explote los sistemas de inteligencia fiscal de lucha contra el comercio ilícito.
En ese sentido, la trazabilidad fiscal securizada es un sistema que vigila el producto desde el conteo en la línea de producción hasta el control en punto final de venta. Ello lo realiza a través de un sistema de marcación segura, de codificación y confluencia de datos en un sistema central de control y visibilidad total a través del país, y cuyos datos almacenados controla directamente el Gobierno. Es un sistema de control automatizado e independiente controlado por las autoridades, y no por la industria, tal y como marca el Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos del tabaco de la Organización Mundial de la Salud.
Imagen cortesía de sakhorn38 / FreeDigitalPhotos.net
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