Por Patricia García, Presidenta institucional de Grupo Femxa, firma dedicada a la formación continua (www.grupofemxa.com).
La educación y la formación en España viven en un estado de permanente cambio. Desde el año 1970, hemos tenido una docena de leyes en materia de educación y cinco acuerdos de formación continua. Sin embargo, estas modificaciones no están dando el resultado que se espera de ellas.
Dada su relevancia, la educación y la formación para el empleo son materias que deben trascender una legislatura, porque las reformas que se hagan hoy pueden tener impacto dentro de varios años (si cabe, en educación el horizonte es aún mayor) y en un régimen democrático de alternancia es más que probable que esa cosecha sea recogida por un Gobierno que no legisló esos cambios.
Durante el periodo de democracia, en España se han sucedido cuatro Leyes Generales y otras tantas de carácter orgánico, que han modificado distintos aspectos del sistema educativo. Los cambios efectuados en estos años han sido tan sustanciales que imposibilitan conseguir las metas que deben perseguir la educación y la enseñanza. El sistema educativo (y por tanto nuestros gobernantes) debe velar para que todas las personas adquieran un buen nivel de formación que favorezca la empleabilidad y competitividad de los jóvenes, factores clave para el desarrollo de cualquier país.
<Además, hay que tener en cuenta que, a nivel global, ya se está cambiando el modelo educativo. De hecho, el docente ha pasado, de ser un medio de información, a un guía que enseña al alumno a aprender por sí mismo. Este nuevo modelo ha tenido gran éxito en países como Finlandia, que ha alcanzado resultados espectaculares con muchos menos medios que España. Por eso está claro que hay que modificar muchas cosas. España es el primer país de Europa en términos de fracaso escolar y nuestros jóvenes tienen la tasa de inserción laboral más baja. Pero los cambios no pueden estar supeditados a planteamientos políticos parciales, sino que deben buscar la cohesión social, de forma que todos los sectores estén representados y sean tenidos en cuenta para crear un modelo integrado en el sistema educativo europeo, que nos permita ser competitivos no solo aquí, sino también de cara al exterior. No se trata simplemente de aprender contenidos −que, obviamente, son necesarios−, sino de que los alumnos desarrollen una serie de capacidades que les sean útiles tanto para triunfar en el mercado laboral como para la vida; es decir, que se conviertan en personas competentes.
Sin embargo, las continuas modificaciones legislativas generan un clima de incertidumbre que imposibilita los planteamientos de inversiones, con retorno a medio plazo, en las empresas. Hay que tener en cuenta que vivimos un momento de profundo cambio en la educación y formación mundiales, donde España tiene que elegir entre estancarse y perder la posibilidad de convertirse en una economía del conocimiento, que es la única rentable, o generar un marco jurídico más estable, una actuación más planificada que permita reformar los sistemas, en base a los objetivos alcanzados.
La realidad de nuestra situación se refleja en el último informe de la OCDE, donde se afirma que España es el país de Europa que más dinero gasta en educación y que peores resultados obtiene en cuanto a cualificación e inserción laboral. El ejemplo contrario es Finlandia, que se ha convertido en una de las economías más pujantes de Europa gracias a la excelente formación de sus jóvenes.
Para salir de este círculo vicioso de inversiones, modificaciones y ausencia de resultados, es preciso que las nuevas regulaciones de formación y educación estén sustentadas por un modelo de consenso con los principales actores del sistema (partidos políticos, agentes sociales y empresas del sector), de cara a conseguir una mejor formación para nuestros jóvenes que ayude a disminuir nuestras alarmantes cifras de fracaso escolar y de paro juvenil.
En esa línea, es necesaria una normativa reguladora alejada de modismos y cambios políticos y que no esté condicionada por recortes presupuestarios. Ha de pasar el tiempo suficiente para poder valorar los logros y las debilidades del sistema, o detectar nuevas necesidades. Por ello, debemos elaborar un modelo definido, consensuado y perdurable en el tiempo para poder sacar conclusiones coherentes sobre su funcionamiento e introducir las mejoras necesarias, en lugar de cambiarlo radicalmente como se ha hecho siempre.
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