Del total de 2.438.577 viviendas alquiladas que hay en España, nada menos que el 41,4% son alquileres fraudulentos, según un informe de la asociación Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). En concreto, algo más de un millón de viviendas alquiladas (1.009.600 exactamente) escapan al control del fisco, al margen de que otros 367.059 domicilios se ceden de forma gratuita o a bajo precio (normalmente a familiares), y que en general no producen fraude porque el propietario aplica en el IRPF un porcentaje del valor catastral como renta imputada.
La investigación de Gestha clasifica a los propietarios que alquilan vivienda en España de acuerdo a dos perfiles: 
el grupo de caseros mayores que ya no necesitan su segunda vivienda y la alquilan para complementar la pensión, y el grupo de aquellas familias que, durante el “boom” inmobiliario, compraron una nueva casa y arriendan la antigua para ayudar al pago de la nueva hipoteca. No obstante, señala que, a pesar de las estrecheces económicas que atraviesan muchos de estos propietarios que han visto caer su renta disponible, lo cierto es que el arrendamiento sumergido ha disminuido 12,6 puntos porcentuales desde 2007, año en el que los alquileres fraudulentos alcanzaban el 54,03%.
Según el informe, este afloramiento de los alquileres sumergidos es fruto de la conjunción de varias acciones: el cruce de información de las deducciones estatal y autonómica de arrendamiento de vivienda habitual; la reducción en el IRPF del 60% del rendimiento neto del alquiler declarado, que hasta la reforma fiscal de 2015 llegaba al 100% si el inquilino tenía entre 18 y 30 años y unos rendimientos netos superiores al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), que en 2013 era de 7.455,14 euros; y a la campaña de comprobaciones realizadas por la AEAT desde hace tres años en aquellas viviendas con altos consumos eléctricos cuyos propietarios declaran estar desocupadas.
No obstante, entre los alquileres clandestinos que siguen existiendo, el análisis de Gestha detalla que, al margen de Melilla (61,6%), Murcia (61,1%), Canarias (55,6%) y Andalucía (55,4%) resultan las tres autonomías con mayor porcentaje de alquileres sumergidos y sin control de Hacienda, con la particularidad de que son tres de las regiones españolas que más turistas reciben, lo que incide mucho en agravar esta clandestinidad, ya que buena parte de los alquileres vacacionales tampoco suelen declararse. En el lado opuesto, se sitúan Galicia (25%), Castilla y León (23,1%) y Aragón (21,2%), que registran las tasas de arrendamientos en “negro” más bajas de España.
No obstante, el mayor número absoluto de alquileres no declarados se sitúa en Cataluña (258.454, que suponen un 44,4% de todos los alquileres) y después en: Andalucía (167.859, el 55,4% de todos), Madrid (139.042, el 32,4%), Comunidad Valenciana (93.698, el 45,0%), Canarias (71.268, el 55,6%), Baleares (48.797, el 52,6%), Murcia (37.920, el 61,1%), Castilla-La Mancha (35.666, el 43,9%), Galicia (30.246, el 25,0%), País Vasco (28.235, el 32,4%), Castilla y León (23.847, el 23,1%), Asturias (18.505, el 32,4%), Extremadura (16.648, el 46,6%), Aragón (15.367, el 21,2%), Navarra (7.933, el 29,2%), Cantabria (5.819, el 25,6%), La Rioja (4.137, el 27,4%), Melilla (3.657, el 61,6%) y Ceuta (2.502, el 52,1%).
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