A pesar de que se presenta como uno de sus principales retos para los próximos años, lo cierto es que la adopción de medidas para hacer frente a la crisis económica, así como los nuevos requerimientos normativos a los que han tenido que hacer frente, han impedido a los Consejos de Administración de las compañías dedicar más tiempo a los asuntos estratégicos, tal y como muestra el informe “Consejos de Administración de empresas cotizadas 2014”, elaborado por la firma de servicios profesionales PwC y que recoge la opinión de consejeros de 50 compañías cotizas españolas (34 de ellas del Ibex).
De hecho, el debate y aprobación del plan estratégico es la función con una valoración más baja (7,0 puntos sobre 10) para los consultados, e incluso indican que no contemplan los asuntos estratégicos como una prioridad en las agendas de los Consejos de Administración en este ejercicio. Mientras, reciben una valoración más alta del Consejo como funciones principales actualmente las operaciones vinculadas y los conflictos de interés (7,9 puntos), la política de dividendos y de autocartera con sus límites (7,6), la política de Gobierno, la responsabilidad corporativa y reputación (7,5) e incluso las grandes decisiones en materia de política de inversiones, financiación y operaciones corporativas (7,1).
No sorprende, por tanto, que la gestión de riesgos sea uno de los temas que más peso está ganando en las agendas de los Consejos, principalmente, debido a los crecientes requisitos normativos y recomendaciones de los órganos supervisores/reguladores. Así, los resultados muestran un elevado grado de implicación de los Consejos en la definición del nivel de tolerancia al riesgos de la compañía (valoración media de 7,2). Además, los Consejos otorgan una elevada relevancia a los principales riesgos que afectan a sus compañías, especialmente a los riesgos de cumplimiento (8,3), financieros (8,2), reputacionales (8,1) y operacionales (7,6), emergiendo los riesgos fiscales (7,5) como nuevo foco de atención de los Consejos y quedando los riesgos estratégicos en 7,1 puntos. En este sentido, la inclusión de la gestión de riesgos fiscales como facultad indelegable del Consejo (según el nuevo Proyecto de Ley de Sociedades de Capital) hará que la planificación y definición de la función fiscal dentro de las grandes empresas cotizadas españolas cobre gran relevancia.
La investigación también muestra que la valoración del funcionamiento de las Comisiones de Auditoría (CA) y la Comisión de Nombramiento y Retribuciones (CN&R) continúa mejorando un año más. Si bien las primeras han alcanzado un mayor nivel de satisfacción (valoración media de 8,4 en 2013, frente a 8,3 en 2012), se ha estrechado la brecha con la valoración del funcionamiento de la CN&R (7,3), probablemente por el esfuerzo que ha tenido que hacer para adaptarse a las nuevas exigencias de los supervisores/reguladores y mercados.
Por otra parte, debido a la creciente importancia otorgada a la evaluación del Consejo como motor de cambio y mejora para las compañías, el documento analiza por primera vez la tipología de evaluación que se realiza sobre el funcionamiento de los órganos de administración. Y en ese sentido, la mayoría (52%) realiza una evaluación interna, en tanto que el 15% lo hace con la colaboración de empresas externas, un 18% la lleva a cabo de forma mixta y todavía hay un 15% que no efectúa ninguna evaluación. Actualmente, las compañías realizan esta evaluación únicamente sobre el Consejo y son muy pocas las que evalúan a los consejeros de forma individual (una tendencia que se está consolidando a nivel internacional y que probablemente ganará fuerza en España en los próximos años).
El estudio también recoge las principales tendencias en materia de gobierno corporativo, señalando al respecto que, si bien en los últimos cinco años existe una tendencia clara hacia la separación de cargos, los datos reflejados en el “Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGCs)” muestran que el porcentaje de compañías que cuenta con separación de cargos tan solo ha pasado del 30% en 2009 al 33% en 2013. Asimismo, la figura del consejero independiente coordinador como medida de contrapeso de poder está adquiriendo cada vez una mayor relevancia y es previsible que pase a considerarse una obligación legal en los próximos meses. Los órganos regulatorios continúan constituyendo el grupo de interés que más influencia ejerce sobre las decisiones del Consejo, y los “proxy advisors” también seguirán incrementando su influencia en los Consejos.
Imagen cortesía de suphakit73 / FreeDigitalPhotos.net
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