Aunque parece que los directivos españoles están cada vez menos dispuestos a justificar comportamientos poco éticos en sus empresas, lo cierto es que nada menos que un 36% aceptaría alguna propuesta de este estilo para ganar o salvaguardar su negocio, según muestra la decimotercera “Encuesta Global sobre el Fraude 2014 de EY”, que lleva por título “ Overcoming compliance fatigue: reinforcing the commitment to ethical growth”.
La consulta llevada a cabo por EY, multinacional especializada en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, y que recoge la percepción de los directivos de grandes compañías de 59 países de todo el mundo sobre las prácticas de fraude y corrupción corporativas, así como sobre los procedimientos antifraude en las mismas, revela, no obstante, que ese citado 36% resulta inferior al registrado en el conjunto de los países analizados, que asciendo al 42%.
En términos generales, la encuesta refleja que la percepción de los directivos de nuestro país, donde han sido preguntadas 50 organizaciones, sobre la generalización del fraude ha descendido, pasando del 34% al 28% entre 2012 y 2014 (el 19% de los directivos de los mercados maduros, y nada menos que el 54% de los de los mercados emergentes, piensa así). Sin embargo, sigue poniendo de manifiesto la buena aceptación en España de ciertas prebendas y comportamientos comprometedores para conseguir un negocio: un 18% aceptaría un obsequio relacionado con el ocio y el entretenimiento (el 26% en 2012); un 12 % diría que sí a un regalo (el mismo porcentaje que hace dos años); un 10% aceptaría un pago en metálico (un 12% en el sondeo de 2012), y un 8% estaría de acuerdo en hacer “la vista gorda” a los datos de sus estados financieros (frente al 2% de hace dos años).
Otra de las cuestiones que en estos dos últimos años también parece haberse relajado entre las empresas es la instauración de procedimientos y políticas antifraude y anticorrupción y de cumplimiento, incluyendo códigos de conducta. Hoy por hoy, solo un 54% de los consultados las tiene en cuenta, frente al 74% de los sondeados hace dos años. Esto nos lleva estar situados entre las últimas posiciones respecto a contar con estas medidas en el conjunto de naciones analizadas, pues solo los Países Bálticos y Egipto están por debajo. Mientras, el 87% de media de las empresas de los mercados maduros sí disponen de ellas, e incluso el 78% de las de los mercados emergentes.
Al mismo tiempo, también son más laxas las políticas de penalización de no cumplimiento en España respecto a hace dos años: un 56%, frente al 68% de media mundial de los directivos, así lo reconoce. Y, hoy por hoy, solo un 20% de los dirigentes españoles tiene en consideración la instauración de un canal de denuncia (whistleblowing) para los empleados en las empresas.
Además, la presión de los directivos de nuestro país por conseguir sus objetivos empresariales parece ser de las más bajas entre los países analizados, según refleja este informe, y sólo un 6% reconoce haber experimentado un caso de fraude en los últimos dos años. El porcentaje es exactamente el doble (12%) cuando se tiene en cuenta el promedio de los países de la Europa Occidental y coincide también con el del conjunto de la muestra analizada.
Sin embargo, una de las cuestiones analizadas cuya importancia va en crecimiento cada año en esta encuesta es la percepción ante el cibercrimen. En concreto en España, un 58% de los preguntados considera esta cuestión como un riesgo considerable o muy elevado, ocupando ya, entre las 59 naciones analizadas, la decimoquinta posición como más preocupada por ello. Y en ese sentido, los autores de ciberdelitos que más quebraderos de cabeza generan a nuestros directivos son los hackers o “hacktivistas” (un 58%), a los que siguen los propios empleados o colaboradores (40%), los ciberdelincuentes procedentes de la competencia (un 38%), el crimen organizado (16%) y, por último, el procedente de otros estados (4%).
Imagen cortesía de iosphere / FreeDigitalPhotos.net










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